El Instituto de Derecho Procesal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata tiene por finalidad el desarrollo, coordinación y formación en actividades de investigación de profesores, docentes y colaboradores de las cátedras de Derecho Procesal de esta Casa de estudios, así como de investigadores que se integran a sus proyectos. 

Sus antecedentes se remontan al trabajo de figuras señeras del Derecho Procesal que desarrollaran su labor académica y de investigación en nuestra Facultad, como Salvador de la Colina, David Lascano, Manuel Ibáñez Frocham y Amílcar Mercader, quien formara un grupo docente de imborrable memoria, integrado por Santiago Sentís Melendo, Lino E. Palacio y Augusto M. Morello. 

Fue gracias al impulso del Dr. Morello que el Instituto de Derecho Procesal adopta su fisonomía moderna, registrando una actividad sistemática y constante de investigación que ha nutrido de contenido a uno de los grupos de estudio más influyentes en la disciplina, tanto a nivel nacional como internacional, como es el de La Plata. 

En 1970, la Memoria anual del Instituto, suscripta por el Dr. Morello como Director, refleja los objetivos, fines y pautas de planificación de las labores de investigación de un grupo que contaba ya con la presencia destacada de jóvenes cultores de la disciplina como los Profesores Roberto O. Berizonce  (Secretario del Instituto en aquél momento) y Juan Carlos Hitters, discípulos fundamentales de Morello que han marcado el destino del Instituto en las últimas cuatro décadas, desarrollando y dirigiendo una multiplicidad de investigaciones que culminaran con la publicación de obras reconocidas e influyentes sobre los principales problemas del servicio de justicia.  

En la actualidad, el Instituto sigue enfocando sus objetivos en el desarrollo sistemático y planificado de actividades de investigación individuales y grupales, orientando sus estudios en el análisis, relevamiento y elaboración de propuestas reforma para mejorar el acceso a la Justicia, implementar mecanismos de tutela judicial efectiva y mejorar los sistemas de resolución de controversias. 

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